EE.UU. detiene a Nicolás Maduro después de los ataques en Caracas y declara un “control provisional” sobre Venezuela, mientras la ONU solicita una reunión urgente
Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Venezuela que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, en lo que representó la intervención más contundente de Washington en América Latina en décadas, según informes oficiales y de agencias.
El presidente Donald Trump sostuvo que Washington asumiría temporalmente la conducción de Venezuela “hasta que se garantice una transición segura”, y añadió que importantes compañías petroleras de Estados Unidos colaborarían en la restauración de la infraestructura energética del país, una declaración que provocó cuestionamientos y críticas sobre el verdadero alcance de dicha operación.
De acuerdo con Reuters, la incursión incluyó ataques contra instalaciones militares y afectaciones eléctricas en partes de Caracas. Trump dijo que fuerzas especiales capturaron a Maduro en o cerca de una de sus casas de seguridad; posteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados primero a un buque de la Marina estadounidense y luego volaron a Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó su llegada a Nueva York y se prevé que comparezca en una corte federal el lunes.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó lo ocurrido como un “secuestro” y exigió la liberación inmediata de Maduro, al tiempo que insistió en que sigue siendo “el único presidente” del país, según Reuters. Horas después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ordenó que Rodríguez asuma como presidenta encargada para “garantizar la continuidad administrativa” mientras se define un marco legal ante la “ausencia forzada” del mandatario detenido.
ONU: sesión del Consejo de Seguridad y tensión diplomática
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes tras una solicitud de Colombia respaldada por Rusia y China, informaron diplomáticos a Reuters. El secretario general António Guterres, a través de su portavoz, consideró que la acción estadounidense sienta “un precedente peligroso” y pidió respeto pleno al derecho internacional y a la Carta de la ONU.
Venezuela, por su lado, elevó ante el Consejo de Seguridad una denuncia en la que describió una supuesta “guerra colonial” destinada a imponer un gobierno títere y a apropiarse de recursos, según una carta citada por Reuters. Washington, por su parte, trató de presentar la operación como un acto de “justicia” contra un líder “indiciado” por narcotráfico, de acuerdo con declaraciones publicadas por la misma agencia.
Reacciones: división en América Latina y Europa
Las respuestas en la región mostraron contrastes. El presidente colombiano Gustavo Petro repudió el ataque y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva coincidió con esas críticas y afirmó que el bombardeo y la captura “rebasan un límite inaceptable”, según Reuters. En Chile, el presidente saliente Gabriel Boric rechazó la intervención, mientras que el presidente electo José Antonio Kast aplaudió la detención de Maduro. México igualmente manifestó su condena, en tanto que Argentina y Ecuador expresaron su apoyo a la acción estadounidense, de acuerdo con el mismo reporte.
En Europa, Alemania pidió una salida política y advirtió contra la escalada, enfatizando la necesidad de respetar el derecho internacional, según Reuters.
Tensión interna en EE.UU.: el Congreso solicita aclaraciones
En Washington, legisladores demócratas afirmaron que habían sido “engañados” durante reuniones clasificadas previas, donde —según relataron— se les garantizó que no habría ni acción militar ni un cambio de régimen. También reclamaron una explicación precisa sobre el costo y el alcance de la intervención, mientras Trump sostuvo que mantuvo el operativo en reserva para impedir filtraciones.
Por qué algunos lo ven como un avance para los derechos humanos
Según los defensores, la clave reside en que el mayor freno para la restauración democrática no era de índole técnica, sino coercitiva: el aparato estatal se empleaba de manera sistemática para intimidar, detener y acallar a opositores, comunicadores y ciudadanos. Un informe con las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU expone prácticas como arrestos arbitrarios, tortura y agresiones sexuales, y presenta la represión como un patrón persistente dirigido contra voces disidentes.
